Desde el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef), y demás organizaciones que suscriben el presente comunicado, rechazamos de manera categórica y contundente la violencia desmedida y el ajusticiamiento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado que según lo señalan los reportes históricos, casi 93,1% de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales son hombres jóvenes, tal y como se ha podido evidenciar en el monitoreo de medios de comunicación que se lleva a cabo desde esta organización. A partir del 8 de febrero hasta el 31 de diciembre del 2018, hay una data de 189 muertes violentas a de jóvenes en el estado Carabobo, de las cuales el 58,2% han sido perpetradas a manos de organismos de seguridad, demostrando el ajusticiamiento que existe por parte del Estado venezolano hacia la población juvenil. Cadef consciente del elevado número de muertes violentas ocurridas en los últimos años, y preocupados por el silencio por parte de los entes correspondientes del Estado para ofrecer a la población cifras oficiales, se ha hecho con la labor desde el año 2017 de monitorear a través de los medios de comunicación digitales e impresos dichos acontecimientos, en el rango de jóvenes de edades comprendidas entre 18 y 30 años en el estado Carabobo. Estos actos de violencia perpetrados hacia la población juvenil son más propensos contra aquellos que tienen la edad de 22 y 24 años, con un 9,5%, seguidamente los de 26 años con un 9,0% de frecuencia. Por su parte, de los 14 municipios que componen el estado Carabobo, en el que más se registran los asesinatos es en el municipio Valencia, representando un 41,8% de los casos. La población joven, la cual representa la generación de relevo del país, está siendo ajusticiada por manos de cuerpos de seguridad del Estado, violando así el derecho a la vida el cual según nuestra carta magna es consagrado de la siguiente manera “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma."1. El Estado está en la obligación de garantizar la seguridad ciudadana en todo momento brindando las garantías efectivas para el goce y disfrute de este derecho a todos los ciudadanos. Queda evidenciado que las diferentes políticas públicas desarrolladas por el Estado venezolano han sido de total fracaso demostrado por el incremento sostenido del índice de muertes violentas. El derecho a la integridad física, a la vida, y a la justicia han sido vulnerados en diferentes formas, todos y cada uno de los 148 casos reportados han sido debidamente denunciados ante la Fiscalía del Ministerio Público en dos ocasiones, una el 11 de mayo y otra el 30 de agosto, de las cuales no se ha recibido ningún tipo de respuesta, traduciéndose así en 148 casos de muertes violentas de jóvenes que entran en las estadísticas de la impunidad que impera en Venezuela. El derecho a la justicia está presente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de esta manera “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”2. Y se puede encontrar en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos como se cita a continuación “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.”3 En consecuencia, nos vemos en la necesidad de hacer de conocimiento público nuestro rechazo hacia la inactividad e irresponsabilidad de los fiscales del Ministerio Público, llamamos a la sociedad civil a elevar la voz por todos los jóvenes que a diario mueren en Carabobo y en todos los estados de Venezuela, es por este motivo que realizamos las siguientes exigencias: 1. Ante la falta de respuestas por parte de los entes correspondientes al presentar las denuncias de los casos, Cadef y demás organizaciones de la sociedad civil rechazamos el silencio y complicidad que guarda el estado venezolano, la fiscalía del Ministerio Público. 2. Exigimos celeridad y justicia en el proceso ya que estos actos se encuentran en impunidad total. 3. Rechazamos el incremento del índice de impunidad de Venezuela. 4. Exigimos a los cuerpos de seguridad del estado a ajustarse al ordenamiento jurídico venezolano. 5. Exigimos al estado venezolano y a la gobernación del estado Carabobo, la creación y desarrollo de políticas públicas eficaces y eficientes en materia de seguridad ciudadana. 6. Rechazamos la criminalización de la labor de los defensores de Derechos Humanos, en especial de los activistas y defensores de Cadef, quienes en múltiples ocasiones han sido señalados por funcionarios del Estado. 7. Exigimos a los/las fiscales del Ministerio Público de Carabobo el cumplimiento de su responsabilidades en la administración de justicia a cada uno de los casos denunciados por Cadef. 8. Llamamos a la sociedad civil organizada, a la sociedad venezolana, a rechazar contundentemente el ajusticiamiento hacía de los jóvenes carabobeños. 9. Llamamos a toda la juventud a alzar la voz por los compañeros que han sido ajusticiados por los cuerpos de seguridad del Estado. 10. Exigimos al estado venezolano a desarrollar políticas públicas ajustadas a sus responsabilidades de prevenir, investigar y sancionar, las cuales han sido incumplidas en el hecho particular que señalamos.
1 Artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 2 Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 3 Articulo 14 del Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos
SUSCRIBEN:
Organizaciones:
-Acceso a la Justicia.
-Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
-Civilis Derechos Humanos.
-Coalición Clima21.
-Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira.
-Comisión Nacional de los Derechos Humanos del Estado Monagas de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela.
-Comité Paz y Trabajo.
-Comite Paz y Vida por los Derechos Humanos.
-Defiende Venezuela.
-Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos.
-Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela.
-Fundación Aguaclara.
-Fundación Basura Cero.
-FunDanna.
-Humano Derecho Radio Estación.
-Médicos Unidos Venezuela Capitulo Carabobo.
-Monitor Social A.C. (Nva Esparta).
-Movimiento Ciudadano Dale Letra.
-Organización StopVIH.
-Positivos en Colectivo.
-Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM).
-Redes Ayuda.
-RedOrgBaruta.
-Sociedad Hominis Iura (SOHI).
-Venezuela Diversa A.C.
Personas:
-Adriana Flores Márquez.
-Ana Yoleida Utrera.
-Carmen Huisa.
-Dickson Segovia.
-Dorkis Castro/Proena Mujeres.
-José Arce.
-Judith Vega Mejía.
-María Cecilia Acevedo/ Mujeres por La Paz y la Libertad.
-María Gabriela Mata Carnevali.
-Mauricio Gutiérrez.
-Mylvia Fuentes Aldana /Observatorio Académico de Adicciones.
-Nelson Freitez Cátedra de Derechos Humanos de la UCLA.
-Renny Abreu.
-Rosibel Torres.
-Tibisay Elena Betancourt.
-Yumary Desiree Sayago Velandia.
-Zoraida Castillo de Cárdenas.
