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Prensa Cadef. - El Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef), preocupado por el incremente de muertes ocurridas en los recintos penitenciarios del estado Carabobo y el resto del país en los últimos meses, nos pronunciamos en contra de esta irresponsabilidad por parte del Estado venezolano para con los privados de libertad.
La crisis social por la que atraviesa Venezuela es el principal factor para que el índice de delincuentes y presuntos delincuentes crezca rápidamente, siendo un problema para los recintos destinados a la retención de los mismos, pues el Estado al no contar con espacios apropiados y recursos para estos, las garantías de respeto a sus Derechos Humanos se ven violentadas en distintas ocasiones.
Prueba de esto es la no clasificación de la población penitenciaria debido al hacinamiento carcelario que según la ONG Una Ventana a la Libertad en su informe del 2017 es del 250%, además de que el 96,46% no posee comedor; 62,12% no posee servicios higiénicos; 86,87% no tiene áreas de visitas; 64,14% no posee servicios de agua potable; 52,02% no ofrece servicio de recolección de basura; 98,48% no cuenta con servicio médico
Cadef como organización no gubernamental que vela por la dignidad humana de los jóvenes venezolanos, se muestra preocupado por esta situación ante la muerte de dos privados de libertad en el Cicpc de Mariara, estado Carabobo, el pasado 11 de septiembre debido a una exposición alta de inhalación de dióxido de carbono, que según familiares se debió al elevado hacinamiento que no les permite respirar.
Por su parte, no se debe olvidar lo ocurrido el pasado mes de marzo donde 68 privados de libertad murieron debido a un incendio en los calabozos de la Policía de Carabobo.
Esto pone en contradicho el discurso del Estado de ser garante de Derechos Humanos, es por esto que como parte de la sociedad civil organizada, se exige al Estado venezolano hacerse responsable de estos hechos causados, ya que no se está llevando a cabo el debido proceso en muchos casos que todo ser humano tiene como derecho, pues todas estas situaciones en virtud de la interdependencia de los Derechos Humanos vulnera diferentes derechos humanos y fundamentales. El Estado está obligado por mandato constitucional velar por las personas que están bajo su custodia. siendo la prevención de los trágicos acontecimientos una sus materias principales; prevenir, investigar y sancionar es responsabilidad igualmente del Estado las cuales no se han cumplido ante estos hechos lamentables.
Se exige la solución de los problemas en los recintos penitenciarios y la creación de políticas públicas eficaces y eficientes para reducir el incremento de la delincuencia venezolana.
