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Las organizaciones no gubernamentales y activistas que suscriben este petitorio le solicitan a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO:
1. Interceder para que el Estado venezolano movilice hasta el máximo de sus capacidades para canalizar asistencia alimentaria a las poblaciones más vulnerables, especialmente restituyendo la calidad, la suficiencia y la dignidad de la alimentación en hospitales públicos, presidios y centros de protección.
2. Abogar para que la población venezolana pueda volver a comer con autodeterminación y libertad y no a través la asignación de cajas de alimentos controladas por entidades paraestatales que no son garantes neutrales del Derecho a la Alimentación.
3. Instruir al Estado en el cumplimiento de las directrices del Derecho a la Alimentación que evidencian que una gobernanza clara, desmilitarizada y sujeta al Estado de Derecho es imprescindible para garantizar la seguridad alimentaria de la nación.
4. Interceder para que mejore la participación y la coherencia entre garantes y cogarantes del Derecho a la Alimentación incluidos toda la representatividad de la sociedad civil y no solo grupos sesgados por preferencias políticas.
5. Aunque entendemos que dada la naturaleza intrínseca de su mandato y de su gobernanza, la FAO tiene al Estado como su principal interlocutor, instamos a considerar protocolos alternativos de actuación en aquellas naciones como Venezuela en las que el Estado por acción u omisión genera políticas y estrategias públicas claramente violatorias del Derecho a la Alimentación como, por ejemplo, el uso de los alimentos en procesos de control social y político.
6. Instamos a que cualquier asesoría que FAO o el Programa Mundial de Alimentos de al Estado venezolano, sea sometida a un análisis de riesgos y daños potenciales si son usadas para fines no alimentarios.
7. Instruir al Estado para la rectificación y derogación de leyes que han tenido un efecto regresivo sobre el Derecho a la Alimentación y la interrupción de prácticas de manejo del sistema alimentario nacional que son contrarios a éste, como por ejemplo la inclusión de alimentos transgénicos en las cajas de alimentos subsidiados o de leche en polvo sin control de calidad en clara contradicción con la Ley Nacional de Protección de la Lactancia Materna.
8. Exigir contundentemente al Estado que restituya el acceso a información libre y transparente sobre el sistema alimentario nacional, cuyo vacío implica obstaculizar la planificación de respuestas frente al hambre y la desnutrición. Pedimos a FAO que exija al Estado publicar nuevamente la Hoja de Balance de Alimentos, las cifras de inflación alimentaria, los resultados del monitoreo de cumplimiento de la fortificación de alimentos a nivel nacional y las estadísticas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Nutricional. Para esta información se tiene un silencio oficial de hasta 10 años en muchos de los casos.
9. Activar los mecanismos necesarios para que se realice en el país una Joint Assessment Mission (JAM) de las agencias de la Organización de Naciones Unidas relevantes al tema de la alimentación para el análisis y la verificación imparcial de los daños a la alimentación que han sido divulgados recientemente por las oficinas regionales y mundiales de FAO en sus informes (Estado Mundial de la Seguridad Alimentaria, el reporte Mundial de Crisis Alimentarias y el Panorama de la Seguridad Alimentaria en América Latina).
10. Esperamos que la FAO, como suele hacer en otros países, active una JAM que recoja directamente en el país evidencias de la situación alimentaria y elabore escenarios para la asistencia que encuentre necesaria. Esta misión de verificación puede la FAO hacerla extensiva para que, con su intermediación, se facilite la visita a Venezuela de la Relatora del Derecho a la Alimentación de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
11. Coordine con el Estado la instalación de un sistema de monitoreo cuidadoso de la crisis alimentaria del país y anticipe su agravamiento, tal y como lo recomendó el Informe Mundial de Crisis Alimentarias del 2017 y 2018, con endoso de FAO.
12. Instar al Estado que no utilice las fuentes de información y redes estatales que son para el uso positivo, libre y neutral de la información en favor de la alimentación, en la difusión de propaganda política.
13. Promover la activación de mecanismos de investigación, comprobación y rendición de cuentas de todos los casos de corrupción alimentaria que han salido a la luz en Venezuela, incluyendo los denunciados por el propio Estado.
14. Articular foros más inclusivos sobre la alimentación y coordinar más con la Sociedad Civil de manera que se logre una agenda más completa, participativa, transparente y plural frente al hambre en el país. La Sociedad Civil en Venezuela en toda su representatividad quisiera restituir su confianza en FAO y en el papel que FAO está llamada a ejercer como catalizador de coordinaciones y debates sobre el destino de nuestra situación alimentaria y sobre las posibilidades de que su control sea nuevamente recuperado por la población.
15. Por último, animamos a FAO para que ejerza en Venezuela el mismo papel de protección del Derecho a la Alimentación que ha ejercido con éxito en otros países. De ustedes son las normas y directrices sobre este Derecho, por ustedes las herramientas y mecanismos para su vigilancia. Necesitamos que en Venezuela FAO defienda y proteja sus propias directrices para la realización del Derecho a la Alimentación e interpele con contundencia las violaciones evidentes que han ocurrido progresivamente a su vista.
16. En este sentido, instamos a FAO a asumir con más contundencia su liderazgo en vigilar el respeto del Derecho a la Alimentación recopilando, analizando, interpretando y difundiendo información sobre los avances o vulneraciones en la realización del Derecho a la Alimentación por todos los miembros de la sociedad.
Esperamos que en la consideración y atención de esta solicitud se cuente con la Sociedad Civil venezolana. Esperamos que FAO responda favorablemente y retome su capacidad de respetarnos y protegernos como titulares del Derecho a la Alimentación, dando a nuestras peticiones, a nuestras heridas y a los daños irreversibles que ya se hizo sobre nuestra alimentación, todo el respeto, la legitimidad y la asistencia que ameritan.
