Carabobo, 25 de julio de 2017.- El equipo del Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef), como parte de la nueva generación de defensores de DDHH, en horas de la mañana formalizó ante la Defensoría del Pueblo en el estado Carabobo, la denuncia por la detención arbitraria de Carlos Graffe y en exigencia al cese de las persecuciones en contra de activistas y defensores de Derechos Humanos, situación que se ha venido agravando en el marco de la labor de documentación y visibilización de vulneraciones de DDHH suscitadas durante las protestas registradas en el estado Carabobo entre los meses de abril y julio del presente año.
Mediante esta acción Cadef activa una vía administrativa como lo es la Defensoria del Pueblo, la cual entre sus competencias se encuentra: activar las acciones a las que haya lugar para garantizar los Derechos Humanos de cualquier ciudadano. Y de igual forma instar a otros organismos a respetar los derechos fundamentales.
Alexis Zavala, miembro de Cadef afirmó que “(…) situaciones como detenciones arbitrarias, hostigamiento, apertura de procedimientos judiciales a civiles ante instancias militares, entre otros, evidencian patrones asumidos por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, quienes incumplen en el ejercicio de sus funciones, con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico interno y en los tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Venezolano y por ende, dichas acciones inciden negativamente en el efectivo y libre ejercicio de los derechos constitucionales.”
Entre el pliego de exigencias hechas por Cadef a la Defensoria del Pueblo, se encuentran las siguientes:
Que desde su cargo Defensor (a) del pueblo active todas las acciones necesarias para que se le garanticen al ciudadano Carlos Graffe el efectivo y eficaz ejercicio de sus derechos, y se solicite la libertad plena del mismo, previa revisión de todo el procedimiento irregular que fue llevado por ante los tribunales militares.
Interponer los recursos a que haya lugar como representante de esta instancia administrativa en cuyas competencia y atribuciones se encuentra la de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, respecto a la situación de violación de los derechos que hemos denunciado y en beneficio del ciudadano Carlos Graffe.
Instar a la fiscalía del ministerio público para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos sobre quienes recae la responsabilidad por vulneración de los derechos humanos que hemos denunciados en el contexto de la detención arbitraria de Carlos Graffe.
