Cuatro ONG presentaron información actualizada al Comité contra la Tortura de ONU
Habiendo transcurrido 18 meses desde que el Comité contra la Tortura (CAT) analizara el informe periódico 3ro y 4to combinados de Venezuela, cuatro organizaciones de derechos humanos[1] enviaron al CAT un informe de actualización que evalúa los aspectos sobre los cuales el país debía implementar y reportar avances significativos en la prevención y sanción de la tortura.
El informe de las organizaciones de derechos humanos se centra en dos áreas en las cuales el Estado Venezolano se comprometió a mostrar avances e informar en un plazo de 12 meses: (a) llevar a cabo investigaciones sobre todas las alegaciones de tortura y malos tratos y de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del orden y grupos armados progubernamentales; y (b) enjuiciar a los sospechosos y castigar a los culpables de tortura y malos tratos.
Bajo el título “De aquella impunidad vienen estas torturas”, el informe de las ONG destaca que el Estado no tomó medidas para investigar las numerosas denuncias sobre torturas, malos tratos y uso excesivo de la fuerza formuladas en el marco de las protestas de 2014 y que, por el contrario, desde la segunda mitad de 2016 se experimentó una nueva oleada de represión, que acentuó las prácticas ya identificadas y denunciadas en 2014.
Debido a que el informe cubrió el período hasta mediados de abril de 2017, solo registra parcialmente los casos de tortura, trato cruel y uso excesivo de la fuerza ocurridos en el marco de las recientes protestas. Sin embargo, el análisis destaca que la impunidad en que permanecen lo casos de 2014, transmitió un mensaje a los funcionarios de seguridad: “pareciera que las violaciones a derechos humanos cometidas no tienen costo; al no haber investigación ni sanción, se transmite el mensaje de que pueden seguirse produciendo, como en efecto ha sucedido en las últimas semanas”, afirmó Ligia Bolívar, una de las autoras del informe y directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB. Las ONG insisten en señalar que la tortura constituye una práctica generalizada en Venezuela; sin embargo, advierten que el informe del Ministerio Público correspondiente a 2015 tiene una sección dedicada a la “Defensa del Estado ante el Comité contra la Tortura de la ONU”; el informe del Ministerio Público afirma que “no representa una política de Estado el uso de la tortura”.
El plazo de un año que tenía el Estado para informar al CAT, venció el 29 de noviembre de 2015. El 15 de diciembre de 2015, el experto Jens Modvig, en su carácter de relator de seguimiento de informe de observaciones finales, envió comunicación a las autoridades de Venezuela, recordando el envío de la información solicitada. Hasta la presente fecha, no hay registro de respuesta alguna por parte del Estado. El informe de las ONG concluye señalando que el Estado no ha tomado acciones suficientes para resolver la situación de la tortura y en algunas áreas incluso se ha agravado el problema, como es el caso de las OLP y las detenciones arbitrarias con motivaciones políticas en el marco de la solicitud de activación del referéndum revocatorio.
Las organizaciones coautoras son:
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis – Derechos Humanos, Espacio Público y Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos.
