Horas antes de la convocatoria a una movilización pacífica de los ciudadanos en contra del golpe de Estado continuado y la dictadura, Nicolás Maduro anunció, la noche del 18 de abril en una alocución televisada, la activación de un “Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora, en su fase verde”. Según un reporte de un medio estatal, “El Plan Zamora es el plan estratégico y operacional que activa la Seguridad y Defensa de la Nación en caso de amenazas al orden interno, que puedan significar una conmoción social y política o una ruptura del orden institucional”. En palabras del reportaje oficial “Es el máximo Plan de Seguridad y Defensa de la Nación. Su fase verde es de alerta general, o de amenaza en un período de crisis”.
El Plan Zamora no es una política pública de seguridad ciudadana, cuyas competencias y objetivos sean conocidos por la sociedad venezolana, con finalidades normadas por legislación aprobada por la Asamblea Nacional. Ante la ausencia de información, no obstante, podemos atender a sus antecedentes.
Guerra de todo el pueblo contra “las lacras”
El 28 de diciembre de 2016 Nicolás Maduro realizaba un acto para despedir el año junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), donde anunciaba el desarrollo de un operativo bajo el nombre “Plan Zamora” para el año 2017: “Viene un año 2017 de expansión de todas las fuerzas especiales, para poner el énfasis en la liberación territorial de nuestra Patria, de las lacras del paramilitarismo que nos viene de Colombia, y del paramilitarismo que nos viene de la ultraderecha”, afirmó. En ese momento indicó que para el 14 de enero se realizarían ejercicios cívicos-militares bajo el nombre Zamora 200. La denominación provenía porque en el año 2017 se cumplirían 200 años del natalicio de Ezequiel Zamora, un personaje de la gesta independentista del país. Como es conocido, los altos funcionarios del gobierno utilizaban, indistintamente, los adjetivos “fascista” y “ultraderecha” para referirse a todos los críticos de su gestión.
Durante su discurso Maduro describió la supuesta necesidad en el desarrollo de un “mecanismo de inteligencia estratégica junto al pueblo organizado para prevenir y repeler estos ataques”. Las amenazas, según la alocución, provenían de las organizaciones partidistas opositoras a las cuales el gobierno calificaba de “promotoras del paramilitarismo”, responsables de diferentes protestas ocurridas durante el año. Como respuesta, Maduro argumentaba la necesidad de promover un concepto que, desde su misma concepción, podía generar graves violaciones a los derechos humanos: La “guerra de todo el pueblo”: “Tenemos que fortalecer las capacidades de inteligencia. Y aquí, quién más sabe de todo es el pueblo de Venezuela. ¡Busquemos a las organizaciones populares, a las UBCh, a los Consejos Comunales, a los Clap, a los Congresos de la Patria, para ustedes vean cómo articulamos una inteligencia en el concepto de guerra de todo el pueblo!”. En su alocución, Maduro hace una apelación a las Fuerzas Armadas venezolanas de extrema gravedad para un jefe de Estado: “Deben liberar el territorio de todas esas lacras”, sentenció. “Ah buen entendedor, pocas palabras”, sostuvo al final de sus palabras en la jornada. Desde enero 2017:
Decisión de declarar “estado de conmoción” El 13 de enero se realizó el “Ejercicio de Acción Integral Antiimperialista Zamora 200” con la participación, según números oficiales, de más de 120.000 efectivos militares. Lo curioso es que meses antes que se realizara un nuevo ciclo de protestas, ya había la decisión de declarar el denominado “Estado de conmoción interior” al cual se refirieron las polémicas sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ese día el comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mayor General Antonio Benavides, declaró que la jornada tenía como propósito “la incorporación del pueblo para ejercitar la transición de la actividad social normal al Estado de conmoción interior o exterior”. En ese momento, los ejercicios intentaban “evaluar la capacidad de movilización que tiene cada líder comunal, para tomar las acciones de movilización, la disciplina, el acatamiento a un llamado”, en palabras del militar. Por su parte José Ornelas, comandante de la Región de Defensa Integral (REDI) Capital, explicó la envergadura de los ejercicios en el área metropolitana: “Mañana vamos a tomar todas las entradas a Caracas, va a haber una presencia militar en la Autopista, vamos a tomar todos los poderes públicos por la defensa (...) Se van a mover los VN4, los BR80 y vamos a tomar todas las entradas de Caracas", expresó según la reseña de la Agencia Venezolana de Noticias. A raíz de este despliegue militar Freddy Bernal, Secretario Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), ente que entrega alimentos regulados directamente a hogares venezolanos, expresó que los CLAP serían parte activa del operativo militar: “El Plan Zamora 200 articula toda la fuerza militar y popular en un solo concepto, para combatir todos los posibles ataques; es por ello, que siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro de mantener la paz, nos estamos preparando para eso, y los CLAP son la herramienta perfecta del pueblo, en la organización del territorio y articulados con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, expresó.
Militarización territorial, incorporando civiles
La implementación del “Plan Zamora”, a partir del 19 de abril, despliega las Fuerzas Armadas en labores de control de manifestaciones con la incorporación de civiles, generando un peligroso contexto para la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Al momento de cerrar el presente artículo (9.30 pm del 19.04.17), según cifras del Foro Penal Venezolano 521 personas habían sido detenidas por su participación en las protestas, que se desarrollaron de manera masiva en diferentes ciudades del país, contrariando la intención de inhibir las manifestaciones. Por otra parte, se habían registrado el asesinato de dos personas, presuntamente, por grupos de civiles armados que dispararon contra manifestantes: Carlos José Moreno, de 16 años, en la ciudad de Caracas y Paola Ramírez, de 23 años, en la ciudad de San Cristóbal, dos víctimas que podrían responsabilizarse a la aplicación del llamado “Plan Zamora” y que suman dos víctimas adicionales al total de 07 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones, desde el 04 de abril de 2017. La implementación del Plan Zamora eleva la escala del conflicto dentro de Venezuela mediante un mecanismo de confrontación de naturaleza bélica que atenta contra el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica.La filosofía de este plan parte de derrotar un enemigo interno con las lógicas de la guerra usando para enfrentar a tal enemigo no solo a la fuerza armada tradicional, sino al nuevo componente que son las milicias y a las “organizaciones del Poder Popular” que significa usar a sectores de la población para que de diversas formas (labores de inteligencia, confrontación directa sin armas y confrontación con armas) esto último a través de los grupos paramilitares.
Es importante destacar que en el Decreto de Estado de Excepción del 13 de mayo de 2016 con el cual el gobierno de hecho ha sustituido a la Constitución se establece en el artículo 2 numeral 9 que se le da a las organizaciones de base del poder popular atribuciones para que conjuntamente con las policías y fuerza armada ejerzan labores de orden público y seguridad. En las últimas tres movilizaciones realizadas en el mes de abril en Caracas se ha podido observar como grupos paramilitares pro gobierno han actuado de manera muy activa con los cuerpos policiales y militares en las labores de represión a quienes protestan en las calles. Testigos, lo han responsabilizado de al menos tres de las ocho muertes que hasta el día de hoy 19 de abril se han producido en el marco de protestas Los grupos opositores han expresado su voluntad de mantenerse en la calle, como respuesta, hasta lograr el cumplimiento de una agenda de reivindicaciones liderizada por la realización de elecciones. El Plan Zamora es una extensión de las competencias extra-constitucionales presentes en el llamado “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica” que institucionalizaba el discurso de guerra -el combate a la denominada “guerra económica”- y otorgaba funciones de seguridad ciudadana a civiles. Es un plan que constituye un mayor riesgo para la situación de los derechos humanos en el país y puede escalar el conflicto a niveles considerables. Todo parece indicar, que ante los reclamos sociales y políticos el gobierno de Nicolás Maduro ha optado por reprimir cada vez más importando poco al gobierno la cantidad de víctimas que deje esa política represiva. Prensa Provea, Caracas 19 de abril de 2017
